Contaminación medioambiental y corrupción en la República Dominicana
Protesta en el alto Manhattan en contra de la corrupción. Foto: Amanda Alcantara Escrito Por: Jacqueline Jiménez Polanco
La República Dominicana comparte un lugar común en la práctica perversa de los países capitalistas en la destrucción del medio ambiente y sus efectos en los altos índices de contaminación, inequidad social y malestar en el hábitat de la fauna y la flora universal. Ello se produce al margen de las convenciones internacionales de las que los países son signatarios y a través de las cuales establecen compromisos incumplidos de protección y salvaguarda del medio ambiente.
Una muestra paradigmática de la violación de dichos acuerdos fue la irreverente acción del presidente de la República Dominicana Danilo Medina de construir plantas de carbón en Punta Catalina tras finalizar su participación en la Vigésimo Primera Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP21) en París, en la cual se comprometió a invertir en la solución del problema del cambio climático, el calentamiento global y la mejora del medio ambiente.
Según informaciones del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), entre los efectos perversos de las plantas de carbón de Punta Catalina se incluyen la producción anual de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono, 174 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de residuos provenientes de la quema del carbón mineral. Asimismo, se prevé que serán arrojadas diariamente a la atmósfera 30 toneladas de dióxido de nitrógeno, 30 toneladas de dióxido de azufre y numerosas micro partículas de metales pesados. Lo cual causará una catástrofe sanitaria y ambiental mediante enfermedades respiratorias, padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer en los pulmones y en la piel, y graves daños a la agropecuaria de la zona.
La adjudicación en el 2013 de la construcción de termoeléctricas a base de carbón mineral en Punta Catalina valoradas en US$2,040,000,000 por la firma brasileña Odebrecht está plagada de acusaciones de favoritismo en la licitación y sobrefacturación de precios por US$1,000,000,000 sobre la base de los precios ofertados por los otros concurrentes al concurso de licitación. La mayoría congresual del PLD aprobó el contrato con la constructora brasileña Odebrecht por el doble del precio real de la obra y con unos beneficios estimados en US$92,000,000 en pagos de sobornos a funcionarios del gobierno incluyendo el presidente Medina. Según documentos publicados el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente US$788,000,000 en sobornos en doce países de América Latina y África incluyendo la República Dominicana.
A pesar de los escándalos internacionales que involucran al presidente Medina con Odebrecht, no hay persecución en su contra por parte del sistema judicial dominicano controlado por el PLD mediante un proceso de cartelización de la política en la que los amarres intrapartidistas y la colusión interpartidaria sustentada en la coima, la prevaricación y la destrucción de la oposición le permiten apoderarse impunemente del erario público y controlar las instituciones del Estado.
El gobierno mantiene inalterable la construcción de las plantas de carbón y trata de convencer a la población de su importancia y oportunidad mediante incesantes anuncios publicitarios. Con la construcción de termoeléctricas a base de carbón mineral, el presidente Medina pretende anotarse el éxito político en la solución del endémico problema eléctrico del país, al margen del costo fiscal y los perversos efectos medioambientales en una época en que el mundo clama por el uso de energía renovable no contaminante. El control del congreso por el PLD facilita la realización de la obra y sumerge en la indiferencia las acusaciones internacionales de corrupción que envuelven la misma.
Cientos de miles de personas dominicanas organizadas en la Marcha Verde Contra la Corrupción y la Impunidad reclaman en la isla y en la diáspora la suspensión de la construcción de las plantas de carbón, el sometimiento judicial de los funcionarios corruptos y la devolución al erario público del dinero robado mediante soborno y sobreevaluación de las obras. A la fecha se han organizado marchas verdes en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y Azua, San Pedro, así como en Nueva York, Miami y otras ciudades de los Estados Unidos.
El caso de Punta Catalina opera en consonancia con el tradicional empeño del gobierno dominicano de destruir los arrecifes, playas, ríos y montañas en beneficio de empresas multinacionales, quienes, a cambio de sobornos políticos e inconmensurables beneficios a sus socios criollos y extranjeros, están degradando las fuentes acuíferas que constituyen el sustento de vida de la población. Ello a pesar de la lucha de la población por proteger los recursos naturales.
Tal es la situación de Loma Miranda que, tras intensas manifestaciones populares en la isla y en la diáspora en los Estados Unidos para impedir que fuera explotada por la compañía minera Falcondo, fue declarada parque nacional por el Congreso, pero el presidente Medina vetó la decisión congresional y devolvió el proyecto a la legislatura con observaciones que incluyen la posibilidad de explotación minera. Los medios dan cuenta de la detención policial de pobladores de los pueblos aledaños a Loma Miranda por denunciar la tala de 38 mil árboles y de las heridas de bala que les han proferido la policía por intentar apagar incendios provocados por Falcondo. En la actualidad, la población de Loma Miranda se mantiene en pie de lucha para protegerla. La participación de la diáspora dominicana ha sido determinante en la lucha por la preservación de Loma Miranda, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde se concentra la mayor población de personas de origen dominicano fuera del territorio de la República Dominicana. Los medios informan sobre actividades multitudinarias en defensa de Loma Miranda en la urbe neoyorquina con la participación del cura Rogelio Cruz, un fiel defensor de la preservación y protección de Loma Miranda como parque nacional. De igual forma, redes sociales de la isla y de la diáspora denuncian la tala desaprensiva de los bosques dominicanos y el tráfico y exportación ilegal de madera al vecino Haití.
En brutal concordancia con dicha penosa realidad, mientras el presidente Danilo Medina presentaba su plan de gobierno con la propuesta del “cuatrenio del agua”, residentes de cuatro comunidades alrededor de la mina de oro Barrick-Pueblo Viejo, propiedad de empresas multinacionales que operan bajo el paraguas comercial de la recicladora minera Las Lagunas Limited, pedían ser desalojados por los altos niveles de contaminación del aire, el agua y los cultivos de los alrededores del Río Maguaca, así como, por el daño a los cultivos y los concomitantes problemas de salud causados por los residuos químicos producto de la explotación de los minerales y su depósito en la Presa El Llagal, uno de cuyos principales efectos es la lluvia ácida. Las comunidades afectadas se quejan de la indiferencia de las autoridades de salud pública y medio ambiente.
Asimismo, en el municipio de Tamayo, provincia Baoruco, el 54% de la población sufre de diarrea y el 75% de parasitosis debido a la contaminación del agua por usos industriales, mientras el acaparamiento del agua por los grandes productores perjudica la subsistencia de los pequeños agricultores. Las provincias de Azua y Baoruco presentan las tasas más altas de mortalidad infantil debido a las pésimas condiciones del sistema de saneamiento del agua.
En el 2016 el país vivió una situación de emergencia sanitaria debido a la alta cifra de mortalidad neonatal que según la UNICEF equivale a 24 defunciones neonatales por cada mil nacidos vivos, de tal forma que, de cada 200 mil niños que nacen al año mueren 4,000. El déficit habitacional se estima en 2.1 millones de viviendas, para cuya solución algunas fuentes indican que se requiere una inversión pública equivalente al 7% del PIB.
La grave situación de contaminación medioambiental y acuífera que padece el territorio dominicano, el cual aqueja una gran parte del planeta, debería ser enfrentado por el Estado en coordinación con las autoridades locales mediante programas de ayuda a los ayuntamientos y gobernaciones. Para ello se necesitan políticas públicas municipales de alta incidencia en la población. Ello no es posible en el estado de situación actual, en el que los cabildos intervienen muy poco en las políticas municipales, siendo considerados como “meros espectadores de lo que acontece en sus territorios”. Debido, por un lado, a que las gobernaciones y los ayuntamientos cuentan con muy pocos recursos financieros y, por otra, a los altos niveles de corrupción imperantes. En efecto, en el caso de los ayuntamientos o alcaldías, en lugar de percibir el 10% de los recursos ordinarios estatales según lo dispuesto por la Ley 166 del 2003, la asignación anual es de apenas el 3.67%, un porcentaje inferior al que recibían en base a la anterior legislación de 1998 que establecía una asignación de 3.98%.
La inoperancia de las municipalidades es fruto de la centralización política, administrativa y financiera del Estado por el gobierno central en Santo Domingo y la existencia de las gobernaciones y alcaldías como estructuras políticas clientelares, en donde el tráfico de influencias favorece las exoneraciones o la reducción de los montos impositivos, el otorgamiento de nominillas millonarias a miembros del partido oficial PLD y sus aliados, parientes y amigos, y la realización de contrataciones públicas sin soporte financiero legal. Los gobernadores, alcaldes y regidores a penas gobiernan, no participan en planes y proyectos que impulsen un desarrollo integral de las provincias y los municipios que eleve la calidad de vida de la ciudadanía. La centralización fiscal deja a las gobernaciones y los municipios escasas opciones para captar ingresos adicionales.
El gobierno central cobra una serie importante de gravámenes a través de la Dirección General de Impuestos Internos, como son los impuestos a las placas, bienes inmuebles, licencias de construcción y otros. Sin embargo, la escasa captación de ingresos propios de los gobiernos locales es también debido a un sistema tributario caracterizado por tasas obsoletas y fuertes deficiencias logísticas, técnicas e institucionales. Carentes de autonomía y con bajos niveles de institucionalidad, la corrupción y la incompetencia predominan en la gestión provincial y municipal que en más de tres lustros ha sido dirigida por el oficialista PLD.
Varios cabildos han sido acusados de violar la legislación municipal y de cometer hechos ilícitos, tales como, desfalco, prevaricación, abuso de confianza y acciones delictivas de los representantes edilicios que incluyen asesinato y asociación de malhechores. Existen, además, denuncias de sicariato, sobornos a jueces, narcotráfico, lavado de activos y muertes violentas. Como consecuencia, predomina en el país una escasa credibilidad en los ayuntamientos y altos niveles de desconfianza de la población hacia los funcionarios municipales y provinciales, quienes subutilizan los recursos humanos y financieros de las alcaldías y las gobernaciones, y se benefician dolosamente de las inversiones dirigidas a la explotación y degradación del medioambiente por empresas mineras y turísticas nacionales y extranjeras.
En la actualidad, predomina en la sociedad dominicana de la isla y de la diáspora una falta de credibilidad en el gobierno por la falta de compromiso con la protección medioambiental y por las acciones corruptas que conllevan a la degradación de los recursos naturales. Los medios de comunicación dan cuenta de los altos niveles de desconfianza hacia los funcionarios nacionales, provinciales y municipales por los rampantes actos impunes de corrupción, la subutilización de los recursos humanos y financieros y las ventajas dolosas que reciben empresarios y políticos de la explotación humana y medioambiental por empresas constructoras, mineras y turísticas de capital extranjero y nacional. La participación de la diáspora dominicana es crucial en las acciones de defensa y protección del medio ambiente de la isla, tanto mediante acciones directas como a través de denuncias en las redes sociales.
Jacqueline Jiménez Polanco es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y por la Universidad Complutense de Madrid. Posee, además, postgrados en Derecho Comparado (Universidad Complutense de Madrid), Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios Constitucionales) y Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio (Universidad Carlos III de Madrid).
